La Secretaría Anticorrupción atribuye el resultado a mejores compras públicas, vigilancia de contratos, reorganización administrativa y sanciones. También informó sobre funcionarios investigados y procesados.
El Gobierno federal reportó ahorros por 83 mil 800 millones de pesos durante los primeros dos años de la actual administración mediante acciones preventivas contra irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
La información fue presentada por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno. La dependencia atribuyó los resultados principalmente a modificaciones en compras gubernamentales, vigilancia de contratos y obras, reorganización interna y aplicación de sanciones.
Del monto total reportado, alrededor de 42 mil millones de pesos corresponden al seguimiento de contratos públicos para evitar sobrecostos en obras, mientras que aproximadamente 29 mil millones se relacionan con nuevas negociaciones y estrategias de compra con proveedores. Otros 7 mil 800 millones proceden de la reorganización gubernamental y 4 mil 800 millones de sanciones.
Buenrostro también informó que la dependencia presentó 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el balance difundido, 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal.
En materia administrativa, el reporte registra 4 mil 193 sanciones, aunque 84 % corresponde a faltas clasificadas como no graves. Entre las conductas investigadas se encuentran pagos indebidos, compras injustificadas, falsificación de documentos, ocultamiento de bienes y sustracción de información.
El ahorro de 83 mil 800 millones debe entenderse como una estimación gubernamental de recursos preservados mediante medidas preventivas y correctivas; no significa que esa cantidad haya sido recuperada íntegramente de actos de corrupción previamente consumados.
La Secretaría sostiene que su estrategia busca modificar los controles antes de que ocurran pérdidas al erario, además de sancionar las irregularidades detectadas.
El balance abre ahora una segunda discusión: medir cuánto de estos mecanismos preventivos se mantiene en los próximos ejercicios presupuestales y qué resultados obtienen las investigaciones que actualmente continúan abiertas.
