La presidenta anunció que México pedirá explicaciones y buscará reactivar las alertas internacionales. Ambos continúan requeridos por la justicia mexicana por acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este miércoles la decisión de Interpol de retirar las fichas rojas emitidas contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes continúan requeridos por autoridades mexicanas.
Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que su Gobierno solicitará conocer las razones por las cuales fueron eliminadas las alertas internacionales y adelantó que México buscará su reactivación.
Sheinbaum se refirió a ambos como “factureros” y sostuvo que existen órdenes de aprehensión vigentes en México. También afirmó que su administración apelará la determinación e insistirá en los procedimientos para que enfrenten a la justicia mexicana.
El retiro de las fichas rojas no cancela las órdenes de captura emitidas en México ni equivale a una absolución. Interpol explica que una notificación roja es una solicitud dirigida a las policías de sus países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se desarrolla un proceso de extradición, entrega o acción jurídica similar. No constituye, por sí misma, una orden internacional de arresto.
Las alertas contra Gómez Mont y Álvarez Puga habían sido emitidas en 2021, después de que autoridades mexicanas obtuvieran órdenes de aprehensión en su contra. Desde entonces, ambos han permanecido fuera del alcance de la justicia mexicana.
La Fiscalía General de la República los ha relacionado con una investigación por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las indagatorias se originaron en un esquema que, según la FGR, habría utilizado empresas y operaciones simuladas relacionadas con contratos públicos para dispersar recursos.
De acuerdo con información de la Fiscalía difundida previamente, la investigación incluyó contratos vinculados con servicios para centros federales de readaptación social y operaciones bancarias realizadas mediante diversas empresas. Las acusaciones permanecen sujetas a resolución judicial y ambos conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
El caso tuvo otro giro durante 2026. México formalizó ante Estados Unidos una solicitud de extradición de Álvarez Puga, quien había sido localizado en Florida. Información publicada en mayo señaló que la petición mexicana llegó a Washington en diciembre de 2025, cuatro años después de que un juez mexicano ordenara su captura.
Sheinbaum vinculó este miércoles el caso con su reclamo de reciprocidad en la cooperación internacional. La mandataria sostuvo que México continuará buscando que las personas requeridas por la justicia nacional puedan ser presentadas ante los tribunales correspondientes.
Interpol, por su parte, establece que sus notificaciones deben cumplir sus propias reglas y pueden cancelarse cuando dejan de satisfacer esos criterios. La organización no había difundido públicamente, en la información consultada hasta esta mañana, una explicación específica sobre las razones que llevaron a retirar las alertas de Gómez Mont y Álvarez Puga.
Por ello, el siguiente paso anunciado por el Gobierno mexicano será solicitar formalmente esa información y buscar que las fichas sean nuevamente activadas.
El caso entra así en una nueva etapa: las órdenes mexicanas permanecen vigentes, pero la herramienta internacional utilizada para localizarlos y facilitar una eventual detención provisional dejó de estar activa, al menos por ahora.
