El Gobierno federal plantea comenzar la transición en gasolineras y carreteras, además de disminuir costos por pagos con tarjeta. Sheinbaum aclaró que los billetes y monedas no serán prohibidos de manera general.
México prepara una transformación en la manera de pagar bienes y servicios. La nueva iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca disminuir gradualmente el uso de efectivo y ampliar las alternativas para realizar operaciones mediante tarjetas, transferencias, códigos QR y plataformas como CoDi y DiMo.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este jueves que el proyecto no pretende prohibir el efectivo en todo el país. La estrategia consiste en facilitar los pagos electrónicos y comenzar una transición gradual en sectores donde existe infraestructura suficiente para operar mediante diferentes mecanismos digitales.
Uno de los primeros frentes serán las gasolineras. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la mayoría de las estaciones cuenta ya con conectividad y terminales de cobro, lo que permitiría aumentar progresivamente la proporción de operaciones electrónicas. El otro sector prioritario serán las carreteras de cuota. Las casetas cuentan actualmente con infraestructura para sistemas TAG y el proyecto contempla ampliar las alternativas mediante tarjetas y códigos QR. El objetivo es que los automovilistas tengan distintas opciones y no dependan exclusivamente de efectivo o de un dispositivo de telepeaje.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados establece además que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar las medidas necesarias para recibir pagos digitales en trámites y servicios. También contempla que proveedores de bienes y servicios habiliten infraestructura e informen a sus usuarios sobre los medios electrónicos disponibles.
El proyecto incorpora una excepción importante: cuando exista una contingencia que impida recibir pagos electrónicos, deberá permitirse utilizar efectivo o cheque. De esta manera, una falla de internet, electricidad o de los sistemas de cobro no debería impedir que una persona pueda completar una operación.
La estrategia parte de un problema estructural. Peña Merino informó este jueves que alrededor de 85% de las operaciones menores a 500 pesos todavía se realizan en efectivo en México. El Gobierno calcula que durante el primer año de implementación podría reducirse esa proporción hasta aproximadamente 50%, aunque se trata de una meta gubernamental y no de un resultado garantizado.
Otro de los principales obstáculos son las comisiones. Durante las reuniones de trabajo en la Cámara de Diputados, representantes del Banco de México explicaron que existe una propuesta para reducir las cuotas de intercambio relacionadas con los pagos mediante tarjetas. El planteamiento busca que aceptar operaciones electrónicas resulte menos costoso, particularmente para pequeños negocios.
CoDi ocupa un lugar relevante dentro de la estrategia. Esta plataforma desarrollada por el Banco de México permite realizar pagos mediante transferencias y códigos QR sin las comisiones tradicionales asociadas con algunas operaciones con tarjetas.
La nueva legislación también pretende facilitar la contratación digital de servicios financieros. Entre sus disposiciones se encuentra reconocer la CURP Digital como uno de los mecanismos de identificación que podrán utilizarse para abrir o contratar determinados servicios sin acudir necesariamente a una sucursal.
El argumento gubernamental va más allá de la comodidad. Sheinbaum ha señalado que disminuir el movimiento de efectivo puede contribuir a la formalización de la economía, mejorar la seguridad de las transacciones y reducir espacios para determinadas actividades ilícitas. Sin embargo, la transición también deberá resolver problemas de conectividad, acceso a servicios financieros y disponibilidad tecnológica. Millones de personas continúan utilizando principalmente billetes y monedas, mientras numerosos pequeños comercios dependen todavía de operaciones en efectivo.
Por ello, la propuesta establece obligaciones para atender contingencias y plantea una implementación gradual, en lugar de sustituir inmediatamente el dinero físico.
La iniciativa fue presentada el 9 de septiembre en la Cámara de Diputados y continúa en proceso legislativo. El Sistema de Información Legislativa la mantiene como pendiente en comisiones de origen, por lo que todavía debe completar su discusión y votación antes de convertirse en ley. El cambio, por tanto, no será inmediato. Por ahora, los consumidores pueden seguir pagando en efectivo en gasolineras, casetas y establecimientos. Lo que comienza a tomar forma es una estrategia para que, en los próximos años, sacar la cartera deje de ser indispensable y pagar desde un teléfono o una tarjeta se convierta en una opción disponible en prácticamente cualquier operación.
