La defensa del exgobernador de Baja California, de 74 años, solicita que continúe su proceso desde casa por su edad y estado de salud. La FGR aclaró que el cambio de medida cautelar todavía no ha sido autorizado.
El proceso penal contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel tendrá un nuevo capítulo este viernes, cuando un juez federal revise nuevamente la solicitud para que abandone el penal de máxima seguridad del Altiplano y continúe su proceso bajo prisión domiciliaria.
Durante las últimas horas circularon versiones que daban por hecho que Ruffo, de 74 años, ya había obtenido ese beneficio. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la resolución judicial emitida hasta ahora no ordena su traslado inmediato a un domicilio. La determinación obliga al juez de control a analizar nuevamente la medida cautelar.
La audiencia está programada para el viernes 25 de septiembre, a las 10:30 horas, y se realizará mediante videoconferencia. Será entonces cuando la autoridad judicial determine si Ruffo permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, o puede enfrentar el proceso desde su domicilio.
La defensa argumenta que el exmandatario reúne las condiciones para modificar la medida cautelar debido a que supera los 70 años y presenta problemas de salud. Sus abogados prepararon un estudio clínico integral que será presentado durante la audiencia como elemento adicional para respaldar la solicitud.
Ruffo fue detenido el pasado 16 de julio y posteriormente vinculado a proceso junto con otras siete personas. La Fiscalía lo acusa de delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos dentro de una investigación por una presunta estructura dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante ferrocarril.
La FGR sostiene que la organización investigada utilizaba declaraciones falsas o incompletas para introducir combustible al país y posteriormente distribuirlo y comercializarlo. La fiscal Ernestina Godoy informó en julio que las operaciones investigadas habrían ocasionado un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.
El exgobernador permanece sujeto a prisión preventiva justificada desde julio. Su defensa ya había solicitado que pudiera enfrentar el proceso desde su domicilio, pero esa petición fue rechazada originalmente por la autoridad judicial.
Posteriormente, una jueza federal concedió una suspensión definitiva contra aquella negativa. Este punto generó interpretaciones distintas en medios de comunicación: algunos reportaron que la resolución significaba la concesión de prisión domiciliaria, pero tanto la FGR como información judicial posterior precisaron que el efecto consiste en ordenar una nueva revisión.
El expediente tiene un antecedente relevante. Tres personas coacusadas dentro del mismo caso —Juan Hermilo Chávez y los hermanos José María y Guillermo de la Peña Rosales— han obtenido la posibilidad de continuar sus procesos bajo prisión domiciliaria.
Ruffo gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue el primer gobernador emanado del PAN en la historia del país. Su defensa ha rechazado las acusaciones y sostiene que existen elementos para que pueda enfrentar el proceso fuera del penal.
La audiencia del viernes será determinante únicamente respecto de la medida cautelar. Una eventual prisión domiciliaria no implicaría su absolución ni el cierre del caso: Ruffo continuaría vinculado a proceso y las acusaciones formuladas por la Fiscalía seguirían sujetas a resolución judicial. Como en todo proceso penal, conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
