Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y Carlos Alberto “N” fueron detenidos durante un operativo coordinado entre autoridades federales y de Oaxaca. La UIF también bloqueó recursos relacionados con la investigación.
Autoridades federales y estatales detuvieron este miércoles a Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y autoridades estatales de seguridad.
De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, las investigaciones relacionan a los detenidos con una estructura criminal presuntamente dedicada a la extorsión y al cobro de piso contra comerciantes y empresarios de la región. Las autoridades también investigan actividades de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como posibles esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos. Estos señalamientos forman parte de investigaciones en curso y no constituyen, por sí mismos, una sentencia de responsabilidad penal.
La operación tuvo además un componente financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación, como parte de las acciones para afectar la capacidad económica de la presunta estructura delictiva.
La detención ocurre después de meses de operativos en Juchitán y otras zonas del Istmo de Tehuantepec. En junio de 2025, autoridades estatales y federales intervinieron la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el centro de videovigilancia C2 después de investigaciones sobre una posible infiltración criminal en estructuras locales de seguridad. En aquella ocasión, 218 policías municipales fueron concentrados para someterse a evaluaciones de control y confianza.
Durante los meses posteriores también circularon acusaciones que pretendían vincular al presidente municipal con integrantes de grupos criminales. Sánchez Altamirano negó públicamente esos señalamientos y afirmó que respondían a intereses políticos. Algunas de aquellas versiones no fueron acreditadas oficialmente por las autoridades, por lo que deben distinguirse de las órdenes de aprehensión que derivaron en su captura de este miércoles.
El caso tuvo repercusiones inmediatas en Juchitán. Reportes locales señalaron movilizaciones de policías municipales después de la detención y un seguimiento a las unidades que trasladaban a los detenidos hacia instalaciones militares. Aristegui Noticias también reportó un bloqueo de agentes municipales que exigían la liberación del edil.
Sánchez Altamirano se encontraba en funciones como presidente municipal al momento de su captura. Su detención abre ahora un procedimiento judicial en el que las autoridades deberán presentar los elementos que sustentan las acusaciones y un juez deberá resolver su situación jurídica conforme avance la causa penal.
Las investigaciones permanecen abiertas y las autoridades federales señalaron que los operativos continuarán para identificar y detener a otros posibles integrantes de la estructura investigada. Tanto Miguel Sánchez Altamirano como Carlos Alberto “N” mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
