Blanca Cruz García asumió la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral y anunció una revisión de los puestos directivos y procedimientos de contratación, en medio de investigaciones sobre posibles irregularidades con proveedores.
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició una revisión de sus estructuras administrativas y suspendió temporalmente nuevos procedimientos de contratación, después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo y de los señalamientos sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos.
La nueva presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, anunció que el Consejo General revisará el desempeño de los funcionarios que ocupan puestos de decisión y colaborará con las autoridades encargadas de investigar los hechos.
Las medidas fueron anunciadas el martes 27 de octubre y marcaron la agenda política nacional de este miércoles 28.
Tres funcionarios presentan su renuncia
Los directivos que dejaron sus cargos son Mario Alfonso Burciaga Esparza, responsable de Recursos Materiales y Servicios; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular del área de Igualdad de Género; y José Alberto Pérez de Acha, encargado de Servicios de Informática.
Los tres habían sido mencionados en reportes periodísticos sobre reuniones con un empresario proveedor del organismo electoral, cuyos contratos se encuentran bajo revisión.
Sin embargo, la participación en encuentros sociales no constituye por sí misma una prueba de irregularidades administrativas o delitos.
Investigan posibles conflictos de interés
La Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control del INE mantienen investigaciones relacionadas con contrataciones, posibles conflictos de interés y manejo de recursos públicos.
De acuerdo con información entregada a la Cámara de Diputados, el órgano de control abrió 16 expedientes durante 2025 y 2026, de los cuales 11 están relacionados con contrataciones públicas.
Las indagatorias incluyen a funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras.
Hasta el momento, estos procedimientos no representan una determinación definitiva de responsabilidad.
Buscan recuperar confianza institucional
Cruz García señaló que la nueva etapa deberá fortalecer las decisiones colegiadas y garantizar que los nombramientos respondan a las necesidades del organismo.
También anunció que se revisarán los procesos de contratación pendientes, sin afectar la continuidad de servicios indispensables.
La institución deberá mantener sus actividades de preparación electoral mientras se desarrollan las investigaciones.
El desafío rumbo a 2027
La controversia ocurre cuando el INE organiza los trabajos correspondientes al proceso electoral de 2027.
La revisión de contratos y nombramientos representa una prueba para la capacidad institucional de mantener sus operaciones y atender las exigencias de transparencia.
La nueva administración del INE busca recuperar la confianza pública mediante revisiones administrativas y colaboración con las autoridades fiscalizadoras. Las investigaciones deberán determinar si existieron irregularidades y quiénes podrían ser responsables.
