La presidenta Laura Fernández presentó un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad, construido con una inversión de 35 millones de dólares. La medida busca enfrentar el crecimiento de la violencia relacionada con el crimen organizado.
Costa Rica inauguró un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para albergar a 5 mil 100 personas privadas de la libertad, como parte de una estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado y fortalecer el control de las cárceles.
La presidenta Laura Fernández encabezó el miércoles 14 de octubre la apertura del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), ubicado en Alajuela, aproximadamente a 25 kilómetros de San José.
El proyecto requirió una inversión cercana a 35 millones de dólares y fue desarrollado tomando como referencia algunos elementos del modelo penitenciario implementado en El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele.
Una respuesta al crecimiento de la violencia
Costa Rica ha enfrentado un incremento de homicidios relacionados principalmente con disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En 2023, el país registró 905 homicidios, una de las cifras más elevadas de su historia reciente, mientras que los años posteriores mantuvieron niveles de violencia considerablemente altos.
El Gobierno sostiene que el nuevo establecimiento permitirá separar a internos considerados de alta peligrosidad y reducir la influencia de organizaciones criminales dentro del sistema penitenciario.
Las primeras transferencias de reclusos están previstas para finales de octubre.
Un modelo que genera controversia
La presidenta Fernández defendió la nueva infraestructura como una herramienta para recuperar el control institucional de las prisiones.
Sin embargo, la referencia al sistema salvadoreño ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a las denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y condiciones de reclusión en aquel país.
El desafío para Costa Rica será fortalecer la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Persisten problemas penitenciarios
Aunque la nueva cárcel ampliará la capacidad de alojamiento, especialistas han advertido que su apertura no resolverá automáticamente los problemas de hacinamiento y administración penitenciaria.
También será necesario garantizar personal suficiente, supervisión judicial y programas de reinserción social.
La inauguración del CACCO representa un cambio relevante en la estrategia de seguridad costarricense. Sus resultados dependerán de la capacidad del Estado para reducir la violencia y mantener controles efectivos dentro de los centros penitenciarios.
