La reforma fue avalada con 72 votos a favor y 34 en contra. El oficialismo sostiene que busca combatir fraudes y suplantaciones con imágenes oficiales; la oposición advierte que la redacción podría afectar memes, sátiras, caricaturas y contenidos críticos.


El Senado de la República aprobó este miércoles, con 72 votos a favor y 34 en contra, una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que ha sido bautizada en el debate público como “Ley Antimemes”, debido a la controversia sobre sus posibles implicaciones para contenidos difundidos en internet.

La reforma forma parte de un paquete presentado por el Ejecutivo federal para fortalecer la protección de la propiedad intelectual, combatir la piratería y actualizar las sanciones frente a nuevas modalidades de falsificación y fraude, particularmente aquellas realizadas mediante herramientas digitales.

El punto que ha generado mayor discusión es el nuevo artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La redacción aprobada contempla una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales pertenecientes a instituciones públicas para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

Esto significa que la reforma no establece literalmente que elaborar o compartir un meme sea un delito.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, explicó que el propósito del artículo es combatir casos en los que delincuentes utilizan logotipos, páginas o documentos que aparentan pertenecer a una institución gubernamental para engañar a las personas y obtener dinero u otros beneficios.

La redacción original había generado todavía más controversia. Inicialmente contemplaba penas de tres a siete años de prisión y utilizaba términos más amplios respecto del uso de elementos oficiales. Después de las críticas, las comisiones modificaron el texto y redujeron las penas, además de incorporar como elementos la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito.

A pesar de esos cambios, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de un senador del PVEM, mantuvieron sus objeciones.

La oposición sostiene que conceptos como “identidad gráfica” y “escala comercial” podrían permitir interpretaciones amplias y generar incertidumbre para periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos que utilizan imágenes gubernamentales en expresiones críticas o humorísticas.

Durante el debate, senadoras del PAN señalaron que la disposición no menciona expresamente a los memes, pero cuestionaron que tampoco incorpore una exclusión específica para sátira, parodia, caricatura política, periodismo, investigación académica o expresiones de interés público.

Morena rechazó esa interpretación. Corral sostuvo que, con las modificaciones realizadas, la conducta sancionable debe reunir varios elementos simultáneamente: utilizar la identidad institucional a escala comercial, engañar a la población y hacerlo con la intención de cometer un ilícito haciéndose pasar por una comunicación, plataforma, servicio o actuación oficial.

La reforma tiene además un alcance mayor que el polémico artículo. Actualiza sanciones relacionadas con piratería, falsificación de marcas, secretos industriales, distribución ilegal de contenidos protegidos y otras violaciones a derechos de propiedad intelectual. También introduce el concepto de “escala comercial” y contempla responsabilidades para personas jurídicas en determinados supuestos.

El proyecto está relacionado además con compromisos internacionales asumidos por México en materia de propiedad intelectual, incluidos los establecidos dentro del T-MEC.

La aprobación del Senado no significa que desde este miércoles una persona pueda ser encarcelada por publicar un meme. La reforma todavía debe completar el procedimiento legislativo correspondiente y entrar en vigor conforme a las disposiciones que finalmente sean publicadas.

El debate, sin embargo, continuará. Para quienes respaldan la reforma, el nuevo delito busca impedir que páginas y documentos falsos utilicen la imagen del Gobierno para cometer fraudes. Para sus críticos, la preocupación está en que una redacción penal demasiado amplia pueda terminar afectando expresiones legítimas de crítica y humor político.

La llamada “Ley Antimemes” entra así en una nueva etapa: el Senado ya la aprobó, pero la discusión sobre dónde termina la protección contra el fraude y dónde comienza la libertad de expresión permanece abierta.