Estados Unidos amplió sus sanciones contra la estructura del “Mayito Flaco” y reveló una red de operadores políticos, financieros y empresas. Las conexiones identificadas en Baja California vuelven a poner bajo escrutinio relaciones entre negocios, poder político y presuntos operadores del Cártel de Sinaloa.
La ofensiva financiera de Estados Unidos contra la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa alcanzó este martes nuevas estructuras empresariales y políticas en Baja California, una investigación que también ha puesto bajo atención relaciones comerciales vinculadas con el entorno corporativo de la familia Hank.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según esa dependencia, forman parte o facilitan operaciones de la organización encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
El nuevo mapa elaborado por Washington incluye integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, jefes de células criminales, presuntos operadores financieros y personas a las que Estados Unidos atribuye labores de protección política o lavado de recursos.
Entre los señalados aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El Departamento del Tesoro lo acusa de utilizar su influencia política para facilitar y proteger actividades de la organización criminal frente a autoridades y corporaciones de seguridad.
La dependencia estadounidense señala además a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, dentro de esa presunta estructura financiera. Según Washington, ambos aparecen relacionados con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como dirigente del principal brazo armado de Los Mayos en Baja California.
Las investigaciones y documentos que acompañan la nueva ofensiva financiera han ampliado la revisión de sociedades y relaciones empresariales de algunos de los señalados. Dentro de ese entramado aparecen conexiones comerciales que alcanzan el entorno de compañías vinculadas históricamente con la familia Hank, una de las familias empresariales y políticas con mayor presencia en Baja California.
Este punto requiere una distinción importante: la aparición de vínculos corporativos, comerciales o societarios con personas señaladas no significa automáticamente que Grupo Caliente, Jorge Hank Rhon o la totalidad de las empresas de la familia formen parte de la estructura criminal descrita por Estados Unidos. Las responsabilidades deben establecerse individualmente y con base en las actuaciones de las autoridades competentes.
La acción anunciada este martes tiene como objetivo central a la red que Washington atribuye a Zambada Sicairos. El Tesoro lo identifica actualmente como líder de Los Mayos después de la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en 2024.
El gobierno estadounidense atribuye a esa facción actividades de tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas, además de extorsión, secuestro, lavado de dinero y corrupción de funcionarios.
Baja California tiene una importancia estratégica dentro de ese mapa. La cercanía con Estados Unidos convierte a municipios como Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito en corredores relevantes para el movimiento de drogas y recursos financieros. El Tesoro ha documentado previamente redes empresariales en Rosarito que, según sus investigaciones, eran utilizadas por operadores vinculados con Los Mayos.
La ofensiva estadounidense tuvo una respuesta inmediata en México. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que incorporará preventivamente a los sujetos incluidos en la nueva designación de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas.
El bloqueo mexicano tiene carácter administrativo y preventivo. No equivale por sí mismo a una sentencia penal ni determina automáticamente que las personas o empresas incluidas hayan cometido un delito.
Las sanciones estadounidenses, por su parte, implican el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales bajo jurisdicción de Estados Unidos y restricciones para realizar determinadas operaciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.
El nuevo golpe financiero permite observar una característica de la estrategia contra el Cártel de Sinaloa: las autoridades ya no buscan únicamente a jefes armados o responsables del traslado de drogas, sino también a empresas, intermediarios, operadores políticos y estructuras financieras que presuntamente permiten mover o proteger los recursos de la organización.
La investigación continúa abierta y será necesario determinar hasta dónde llegan las conexiones empresariales identificadas y cuáles representan únicamente relaciones comerciales, frente a aquellas que las autoridades puedan acreditar como mecanismos deliberados de financiamiento o lavado.
Por ahora, la nueva lista de Washington amplía considerablemente el mapa de Los Mayos y vuelve a colocar a Baja California en el centro de las investigaciones sobre la relación entre narcotráfico, empresas, finanzas y poder político.
